Numerosas voces se alzaron contra la decisión del gobierno de Rogelio Frigerio de autorizar la caza de aves autóctonas. La noticia, conocida el pasado viernes, generó polémica, ya que los ambientalistas advierten que de esta manera Entre Ríos se convierte en una zona liberada para la matanza indiscriminada de aves.
Además, exponen que la medida es inconstitucional y hasta señalan la existencia de una “caja negra para la política” de los cotos de caza. Instituciones socioambientales hablan de “sospechoso favoritismo del Gobierno hacia los cotos”.
En este sentido, varios medios de comunicación nacionales -y hasta algunos internacionales- se hicieron eco de la controvertida autorización que concediera el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Resolución Nº 714, de permitir a cazadores matar cinco especies de aves autóctonas en la provincia.
La polémica medida causó un contundente rechazo y repudio desde instituciones socioambientales y otros sectores que habían solicitado al Gobierno de Frigerio que no autorizara la matanza por considerarla cruel, irresponsable e inconstitucional.
Medios nacionales como Tiempo Argentino hablan de “falta de controles sobre los cotos de caza” y hasta de la existencia de “una caja negra para la política” aportada por estos. Según el prestigioso medio porteño “cada extranjero paga miles de dólares a empresarios locales para que los cazadores se muevan a sus anchas.”
Por su parte, El Telégrafo –el diario más importante del interior de la República Oriental del Uruguay- recogió los reclamos de ambientalistas que calificaron la medida de “indignante” y denunciaron un “sospechoso favoritismo del Gobierno entrerriano hacia los cotos.”
La comunicación oficial
De acuerdo a la noticia publicada por el gobierno el pasado viernes, “en comparación con el año anterior, se redujo de seis a cuatro el número de especies de patos habilitadas: Pato Picazo, Sirirí Pampa, Pato Cutirí y Pato de Collar. También se fijaron límites más estrictos de extracción por cazador: 15 piezas para anátidos (igual que 2024), pero con una reducción en perdiz chica (de 8 a 6) y liebre europea (de 6 a 4). Además, se mantiene la prohibición total en ocho departamentos y en zonas sensibles como sitios Ramsar, áreas protegidas, monumentos naturales y la zona de Salto Grande”.
“La resolución se basa en los relevamientos realizados por el Equipo de Monitoreo Adaptativo de Fauna Silvestre (EMAFA) junto a INTA y la Universidad de La Pampa. Según el informe 2024, la población de patos en Entre Ríos supera los 3,2 millones de individuos, con presencia dominante de las cuatro especies habilitadas. El estudio concluye que la tasa de extracción registrada en la temporada anterior no compromete el estado poblacional de estas especies”, indicó el gobierno.
Fuentes oficiales afirmaron que “se consideraron los aportes de la audiencia pública del 25 de abril en Rosario del Tala, donde participaron fuerzas de seguridad, ONG, operadores turísticos, funcionarios y vecinos, en cumplimiento del principio de participación previsto por el Acuerdo de Escazú”.
Finalmente, se subrayó que “todas las decisiones fueron adoptadas respetando la legislación nacional, los convenios internacionales sobre biodiversidad y los marcos constitucionales que otorgan a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales”.
