“No podemos permitir que el derecho a la salud de los trabajadores del Estado siga siendo rehén de internas políticas, disputas gremiales o negocios corporativos”, lanzó la senadora provincial Patricia Díaz (PJ) respecto de la discusión en torno a los cambios en el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y la propuesta del Gobierno de crear la Obra Social de Entre Ríos (OSER).
La legisladora subrayó al respecto: “No voy a convalidar livianamente una estructura que durante años fue utilizada por Silvio Moreyra y Fernando Cañete (expresidentes de Iosper, NdelR) como instrumento del poder y corrupción, sin transparencia ni controles del Tribunal de Cuentas. Pero tampoco voy a legitimar una conducción que pretende poner en manos del gobierno de turno, de José Allende, y de algún funcionario foráneo sin arraigo local otra caja millonaria que debería estar al servicio de los trabajadores, jubilados y sus familias”.
“No se trata de elegir entre dos males. Entre Cañete y (el titular de UPCN, José) Allende. Entre Ríos merece una tercera opción. Una opción construida desde abajo, con participación real, reglas claras y sentido de urgencia”, señaló.
Dice la senadora que la salud pública “necesita más que un cambio de nombres. Necesita una reforma profunda, transparente y participativa”. Y que “para eso hay que abrir la discusión real sobre los problemas estructurales que el sistema arrastra hace años”.
Entre esos problemas, ubicó “el drama de las prótesis e insumos especiales, que se autorizan, demoras inhumanas y trámites kafkianos”, el “abandono de las personas con discapacidad, cuyos familiares luchan diariamente para conseguir una cuidadora, un acompañante terapéutico o una rehabilitación”; las “interminables demoras en autorizaciones que afectan tratamientos oncológicos, estudios de alta complejidad y cirugías urgentes”; el costo de los medicamentos, “que no para de subir, mientras la cobertura se reduce o directamente se niega”; la falta de auditorías externas, control público y rendición de cuentas, “que permitió el uso discrecional de fondos por parte de pocos, sin ninguna consecuencia”.
“Entre Ríos necesita una obra social fuerte, accesible y controlada por los trabajadores, no por una casta de dirigentes o gerentes del poder”, sentenció.
(Entre Ríos Ahora)
